Izquierda Unida, a través de su coordinador de la Comisión Internacional, Fran Pérez Esteban, ha exigido al Gobierno español que “active todas las vías diplomáticas, legales y policiales para que Argentina proceda de inmediato a la detención de al menos la mitad de los 40 militares argentinos que no tienen en estos momentos causas pendientes en su país y que están incluidos en la petición de extradición que tramitó el Consejo de Ministros el pasado viernes”.

El Consejo de Ministros dio cumplimiento el pasado viernes día 9 a la sentencia dictada en mayo de 2005 por el Tribunal Supremo para extraditar a los 40 militares argentinos procesados en España por delitos de genocidio, terrorismo y torturas durante la dictadura argentina (1976-1983). La sentencia fue consecuencia del recurso interpuesto por Izquierda Unida, que ejerce desde 1996 la Acusación Popular en la causa instruida por el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional contra militares argentinos y chilenos, tras negarse en 2003 en Gobierno del PP de José María Aznar a tramitar estas extradiciones.

Fran Pérez considera que “debe procederse con rapidez a cotejar la lista de los militares que están o no imputados en Argentina e instar a su detención y extradición inmediata. Cerca de la mitad de ellos no tienen ninguna causa abierta en Argentina en estos momentos, mientras que el resto han sido procesados tras la abolición de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y su entrega entraña mayor dificultad. Sin embargo, sobre ese primer grupo y en cumplimiento del convenio de extradición, la Justicia argentina debería detenerlos ya mismo y enviarlos a nuestro país para que sean juzgados”.

El dirigente de IU valora que estas extradiciones “consolidarán el principio de jurisdicción universal para la persecución de crímenes contra la humanidad que inició en nuestro país la sentencia contra el marino argentino Adolfo Scilingo, condenado a 640 años de cárcel por los tribunales de justicia españoles”.

El pedido de extradición de Garzón afectaba a los integrantes de las Juntas Militares y a altos mandos del ejército y la marina que actuaron en el campo de concentración de la ESMA. En la misma situación está el criminal exgobernador de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, responsable entre otros horribles crímenes, del asesinato a sangre fría de la española Ana María Corral, de 16 años de edad, ajusticiada personalmente por Bussi mediante un tiro en la nuca tras más de un mes sufriendo torturas en el Centro Clandestino de Detención “Arsenal Miguel Azcuenaga” de San Miguel de Tucumán.

Entre los militares afectados por la extradición se encuentran los miembros de las Juntas Militares Rafael Videla y Eduardo Massera, además de Omar Graffina, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya, así como los militares Augusto Leonardo Leme, Santiago Martella, Carlos Eduardo Daviou, Antonio Vaquero, Hector Mario Schwab, y el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, que actuaba en la ESMA como el apelativo de “teniente Vacca”.

Los militares afectados son integrantes de las Juntas Militares y altos mandos del Ejército y la Marina argentinos que actuaron en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). En la misma situación está el criminal ex gobernador de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, responsable, entre otros horribles crímenes, del asesinato a sangre fría de la española Ana María Corral, de 16 años, ajusticiada personalmente por Bussi mediante un tiro en la nuca tras más de un mes sufriendo torturas en el Centro Clandestino de Detención “Arsenal Miguel Azcuenaga” de San Miguel de Tucumán.

Fran Pérez señala que “con la tramitación de estas peticiones de extradición IU consigue una importante victoria jurídico-política que consolidará jurídicamente este importante sumario y dará continuidad a las actuaciones contra militares argentinos y chilenos por crímenes contra la humanidad que se instruyen en la Audiencia Nacional desde 1996 y en la que nuestra formación está personada como Acusación Popular desde el comienzo”.

“Finalmente –señala el coordinador de la Comisión Internacional de IU-, se nos da la razón en el enfrentamiento jurídico y político que Izquierda Unida mantuvo con el gobierno de derechas de Aznar, después de que el Consejo de Ministros del 29 de agosto de 2003 no tramitara a la Justicia argentina la petición de extradición de estos 40 torturadores cursada por el juez Baltasar Garzón”.

Pérez denuncia que “esta decisión no conforme a derecho de Aznar supuso en la práctica la protección ‘legal’ suficiente para estos militares, 26 de los cuales fueron detenidos en Argentina en esas fechas por el juez Canicova Corral como consecuencia de la orden internacional de detención que contra ellos había cursado el Garzón en julio de 2003”.

“El Gobierno de Aznar -recuerda el dirigente de IU- argumentó entonces esta decisión invocando el artículo 97 de la Constitución Española que dice que ‘es el Gobierno quien dirige la política interior y exterior y la Administración Civil y Militar y la Defensa del Estado’.

Enrique Santiago, dirigente de IU y abogado que en nombre de esta formación y los familiares de las víctimas interpuso el recurso de casación ante el Tribunal Supremo que dio lugar a la anulación de la decisión del Consejo de Ministros, afirma que “Aznar incumplió a sabiendas las obligaciones derivadas del convenio de extradición firmado entre España y Argentina, al tiempo que ignoró los contenidos de la Ley de Extradición Pasiva. La consecuencia directa de esa decisión fue que estos 40 militares responsables de crímenes contra la humanidad, incluida la desaparición de 600 ciudadanos españoles, quedaran en libertad y hayan escapado a la actuación de la Justicia española durante más de tres años”.

Fran Pérez recuerda que “en septiembre de 2003, el coordinador general Gaspar Llamazares y yo mismo como secretario de Derechos Humanos y representante de la Acusación Popular de IU, junto a los abogados de IU Enrique de Santiago y Virginia Díaz, denunciamos contundentemente la complicidad que en lo político y en lo judicial suponía la decisión de Aznar con los crímenes de los militares y la impunidad en la que estos se mantenían”.

El abogado Enrique Santiago interpuso entonces un recurso contencioso-administrativo como Acusación Popular de IU y de la Acusación Particular en nombre de Graciela Palacio de Lois, viuda del desaparecido español en la ESMA Ricardo Lois, y de otros familiares de desaparecidos de Tucumán (Argentina). “De las 11 acusaciones populares personadas en este proceso sólo IU recurrió la decisión malintencionada y no conforme a derecho del Gobierno del PP. ICV fue la única acusación que se adhirió al recurso de IU”, señala Pérez.

“Ahora –considera el coordinador de la Comisión Internacional de IU-, al Gobierno de Rodríguez Zapatero no le ha quedado más remedio que cumplir con la sentencia del Supremo de 31 de mayo de 2005. Se demuestra que quien tiene la facultad de decidir la extradición es el juez y no el Gobierno, que entonces debió limitarse a tramitarla y no interferir y obstaculizar, como en la práctica se hizo, la labor del Poder Judicial”.