El grupo parlamentario de Izquierda Unida ha registrado hoy 43 enmiendas al proyecto de ley del Gobierno de Memoria Histórica. El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha reiterado que esta ley debe contener unos "mínimos irrenunciables, como la anulación de los efectos de los juicios franquistas, sin los cuales esta normativa se frustrará".

Frente a las filtraciones realizadas por otros grupos parlamentarios, Llamazares advierte al Gobierno socialista de que tiene en sus manos "una patata caliente, porque en este momento no cuenta con los apoyos suficientes, y tiene la beligerancia del PP", por lo que "debe darse prisa en llegar a una acuerdo, especialmente sobre las materias que nosotros consideramos irrenunciables".

El máximo responsable del Grupo Parlamentario de IU-ICV manifiesta la "voluntad de acuerdo" del mismo, pero sólo "si se superan los problemas fundamentales del proyecto de ley, que pasan por la condena del franquismo, la anulación de los juicios sumarísimos, la supresión de símbolos franquistas y evitar que se trate de una ley de punto final".

Para Llamazares, ese sigue siendo el planteamiento de IU frente a los intentos del Gobierno de suavizar las medidas de anulación a través de una comisión parlamentaria de ‘sabios’ para declarar la legitimidad o ilegitimidad de las condenas, que es "un desastre".

Este proceso, planteado de esta manera, llevaría a "años de discusión sobre la ilegitimidad de las sentencias y con la capacidad de veto del PP", pronosticó, lo que provocaría "un goteo de rechazos", lo que demostraría que es "la peor de las soluciones".

"Lo mejor sería que el Gobierno democrático, a través de la ley, reconozca lo que reconoce todo el mundo, la ilegitimidad e ilegalidad de estas sentencias, y anule sus efectos, éste es el único camino; si no, la ley se frustrará", apostilló.

Entre las enmiendas presentadas, IU-ICV da al Gobierno seis meses de plazo para que pida al Consejo de Estado un dictamen sobre la posibilidad de penalizar los actos de apología del nazismo, el fascismo y el franquismo, para lo que se constituiría una Fiscalía especializada en las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El Grupo Parlamentario propone este instrumento para investigar "las desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales que se encuentran en la impunidad".

Esta fiscalía "se dotará de recursos apropiados y un protocolo de exhumaciones para la búsqueda, localización e identificación de los restos mortales de las víctimas", y será una "forma práctica de contribuir de un modo decisivo al esclarecimiento, la sanción y la reparación de los crímenes de la guerra civil y la dictadura".

Se reclama como condición indispensable la nulidad de pleno derecho de todas y cada una de las resoluciones, y en particular, las sentencias penales, dictadas entre el 18 de julio de 1936 y el 20 de noviembre de 1975 por razones religiosas, ideológicas y políticas.

IU-ICV justifica la anulación de estas sentencias "por razón de su radical ilegitimidad de origen y sus evidentes vicios de forma y fondo, que las hicieron absolutamente contradictorias con los principios de derecho internacional que inspiran un juicio justo". Se refiere a las dictadas por los Consejos de Guerra tanto en procedimientos sumarísimos y ordinarios por delitos de traición militar y de rebelión militar; por los delitos tipificados en la Ley de Seguridad del Estado y los de "bandidaje y terrorismo", así como las dictadas por los Tribunales de Responsabilidades Políticas y de Represión de la Masonería y el Comunismo.

"El principio de seguridad jurídica por el que el Gobierno y el Grupo Socialista no admiten la nulidad de las sentencias y resoluciones franquistas no puede estar por encima del principio de la justicia y del derecho al saber", argumentan las enmiendas, ya que no se puede dar validez "a un marco pseudo jurídico como eran las normas franquistas emanadas de un golpe militar que subvirtió por la fuerza y de manera ilegal un orden jurídico constitucional democrático".

El portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, detalló hoy en rueda de prensa las enmiendas parciales, muchas de las cuales encuadró en la "línea roja" en la que se pondrá la barrera que condicionará el respaldo final o no del proyecto en las Cortes.

La nulidad "radical" de las sentencias dictadas en el franquismo, incluidas las emitidas por el Tribunal de Orden Público, fue descrita por Herrera como una de las "más fundamentales" de la legislatura.

Tras emplazar al Gobierno a "mover pieza" y a abordar este debate con "valentía", Herrera reprochó al Ejecutivo que no se haya dirigido a su grupo desde el pasado mes de noviembre para intentar un acercamiento en estas materias.

Según Herrera, IU-ICV no cuestiona ni el proceso constituyente ni la transición, pero sí pone en duda la interpretación que se hizo posteriormente del perdón, que "tuvo como consecuencia el olvido".

IU-ICV quiere que esta ley obligue al Estado a "adherirse a la Convención de la ONU sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, y, en consecuencia, regulará todos los aspectos jurídicos relativos a la nulidad de leyes, sentencias y tribunales ilegales que funcionaron desde el golpe militar hasta la proclamación de la Constitución".

Se pide también que el 18 de julio sea declarado "día oficial de condena a la dictadura franquista, como expresión de reconocimiento y solidaridad para ofrecer así a las víctimas del franquismo la manifestación más profunda de homenaje y respeto que, sin duda, merece su sacrificio".

Las enmiendas establecen que la "memoria y la cultura democrática constituye una política pública del Estado destinada a su recuperación y al fomento de los valores y principios democráticos", para lo que propone iniciativas como una red informatizada que permita al ciudadano disponer de documentación sobre las personas represaliadas. Asimismo, pide "espacios memoriales conmemorativos del antifranquismo y de las víctimas de la guerra civil, en especial los lugares donde se desarrollaron las acciones y prácticas represivas".

En lo que respecta a las indemnizaciones, propone 6.010,12 euros por los primeros doce meses de privación de libertad y 1.202,02 euros por cada seis meses adicionales, hasta un máximo de 12.000 euros. Este derecho se hace extensible a los voluntarios extranjeros, y a quienes permanecieron en batallones disciplinarios o campos de concentración.

En cuanto a la localización y exhumación de los cadáveres, IU-ICV quiere que sean realizadas por las administraciones públicas, según un protocolo científico que ha de ser elaborado por el Gobierno central, junto a un mapa de las fosas y enterramientos ya localizados. El Gobierno habilitará partidas presupuestarias suficientes para acometer estas actuaciones.

IU-ICV incluye un apartado de enmiendas sobre los símbolos de la represión franquista, en el que establece que el Gobierno, las comunidades y los ayuntamientos realizarán un "censo completo de vestigios de la dictadura, que se dará a conocer públicamente", y procederán a la retirada de los mismos, en un plazo de un año. Además, el Gobierno elaborará directrices urbanísticas y medioambientales para la adecuada preservación, conservación, mantenimiento y divulgación de todos aquellos lugares, parajes y establecimientos relacionados con la guerra civil, la represión franquista y la lucha antifranquista, y para impedir la "desaparición o banalización de dichos espacios".

El Valle de los Caídos "deberá ser transformado" en seis meses con la finalidad de "difundir y exaltar los valores democráticos actuales y recordar los aspectos fascistas del Gobierno, en reconocimiento y homenaje a la memoria de los presos políticos que realizaron su construcción".

Por otra parte, IU-ICV quiere que se otorgue el reconocimiento jurídico y el carácter militar a los miembros de la guerrilla antifranquista y su equiparación a los miembros de las Fuerzas Armadas; y que se reconozca a los integrantes de la Unión Militar Democrática (UMD).

La coalición de izquierdas reclama la restitución de los bienes incautados durante la guerra civil y la dictadura a personas físicas y jurídicas, para lo que se deberá abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes, dada la dificultad y, en algunos casos, imposibilidad de presentar documentos que acrediten las incautaciones.