Hace unas semanas escribía una entrada titulada “Vergüenza ajena” en la que me refería al sueldo que había percibido en 2006 Francisco González, presidente del BBVA, y que se elevaba a la astronómica cifra de 9,7 millones de euros.

En ese momento, y al ser preguntado acerca de qué opinaba de dicha remuneración, González afirmó que no se avergonzaba de la misma porque en su banco son muy transparentes con estas cuestiones.

Hace unos días, en la Junta de Accionistas de ese banco se supo que el sueldo de González se complementaba con un bonus trienal y un plan de pensiones que elevaban su retribución total a casi 20 millones de euros o, lo que es lo mismo, 54.795 euros al día.

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El Tribunal de Cuentas, institución a la que la Constitución Española atribuye la función de fiscalizar las cuentas y la gestión económica del Estado y del sector público con el fin de hacer transparente su gestión económica-financiera y comprobar que sigue los principios de legalidad, eficiencia y economía se ha encontrado con un escollo en su tarea.

Resulta, aunque pueda parecer surrealista, que las instituciones encargadas de la supervisión del sistema bancario (Banco de España), del mercado de valores (Comisión Nacional del Mercado de Valores) y del sector asegurador (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) se niegan a facilitarles el acceso a parte de la documentación que necesitan para realizar su tarea.

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Hace unos días se aprobaba en Alemania el aumento progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años.

Así, a partir de 2012 la edad de jubilación se elevará en aquel país un mes por año para los nacidos en 1947, de forma que en 2029 todos los trabajadores deberán mantenerse obligatoriamente en activo hasta la edad de 67 años.

La medida se acompaña de otra que llama poderosamente la atención aunque hubiera tenido una lectura más positiva aún de haberse desvinculado de la cuestión de la edad de jubilación: a las mujeres se les reconocerán 10 años de cotización por cada hijo.

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El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demostrado ya en varias ocasiones que sus conocimientos de economía son tan precarios como el empleo que se crea en este país.

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Tras escribir la última entrada sobre la opción elegida por Macedonia para insertarse en el capitalismo globalizado atrayendo capitales por la vía de ofertar una mano de obra especializada a precio de saldo me encontré, con sorpresa, con una página de Internet en la que también se comentaba ese anuncio.

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El pasado jueves 22 de febrero un anuncio trataba de llamar la atención del lector en las páginas del suplemento del New York Times incluido en la edición del diario El País.

El anuncio incitaba a la inversión en Macedonia (aunque lo apropiado sería denominarla Antigua República Yugoslava de Macedonia, un nombre quizás demasiado largo para ser comercial) calificándola como el “nuevo paraíso de los negocios en Europa”.

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Hace unos días comentaba los resultados del estudio sobre las pensiones públicas que habían elaborado David Taguas, el principal asesor económico del presidente Rodríguez Zapatero, y María Jesús Sáez, una alta responsable de la Intervención de la Seguridad Social.

En ese comentario criticaba tanto los resultados, porque me parecía que estaban sospechosamente en línea con los intereses de las grandes instituciones financieras en una de las cuales había prestado sus servicios el referido asesor, como las medidas de reforma del sistema de pensiones por las que optaban los autores del trabajo. Unas medidas que apuntaban, en un primer momento, hacia el refuerzo de la contributividad del sistema para, a continuación, apostar decididamente por la transición desde un sistema de reparto como el actual a un sistema de capitalización individual. Sí, la solidaridad saltó por los aires en el camino.

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El presidente del BBVA, Francisco González, hacía público ayer que su sueldo durante el año 2006 ascendió a 9,77 millones de euros y, preguntado por si podía hacer algún comentario sobre su remuneración, afirmó que no se avergonzaba de la misma porque en el banco son muy transparentes con estos temas (sic).

Puede que a él este tema no le resulte vergonzoso y el banco sea tan transparente como el agua. Pero a mí, que en este país el presidente de un banco gane 26.767 euros al día mientras que el del gobierno apenas llegue a los 340 euros y haya más de medio millón de trabajadores perceptores del Salario Mínimo Interprofesional que sólo cobran 18,03 euros, muchos de ellos trabajando para la entidad que aquél preside, es como para sentir vergüenza ajena.

El presidente de Francia, Jacques Chirac, fue esta semana a la Cumbre de Jefes de Estado Francia-África para decirles a sus homólogos africanos que África debe elegir entre el desarrollo o el pillaje.

O, lo que viene a ser igual, que el camino que utilizó Francia para llegar a ser una potencia mundial está definitivamente cerrado. Que hubo un tiempo, el de las colonias, para el latrocinio impune y, durante el mismo, a Francia le correspondió el saqueo de esas naciones. Que cuando ese tiempo pasó, llegó el de la independencia y las empresas transnacionales francesas se dedicaron al hurto silente y continuo apoyado por gobernantes locales corruptos siempre serviles a los intereses de la antigua metrópolis porque, en gran medida, a ella debían su cargo y, sobre todo, sus fortunas.

Ahora África debe elegir y el pillaje, según Chirac, no es el camino. Es cierto, no lo es. Para nadie y, menos, para los saqueados. Pero su país bien que supo aprovecharlo cuando lo era y sus empresas bien que aprendieron la lección y la aplican cada día con esmero.

Si hay algo que no se le puede reprochar al gobierno de Rodríguez Zapatero es la coherencia mantenida por su gabinete económico en un continuo que va desde el ministro de Economía a los asesores personales del Presidente adscritos a la Oficina Económica de la Moncloa.

Todos, sin excepción, se encuentran marcados por una rotunda impronta neoliberal que no tratan siquiera de disimular por muy socialista que, sin conseguirlo, aparente ser el gobierno para el que trabajan.

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Un reciente informe del Instituto de Política Familiar acaba de poner de manifiesto que España es el país de la Unión Europea que menos porcentaje de su PIB gasta en prestaciones familiares: un 0,52%; muy por debajo de la media europea que se encuentra en el 2,2% del PIB.

Este diferencial, que tan fríamente expresado pudiera parecer una cuestión menor, se traduce por el contrario en tremendas desigualdades en los niveles de prestaciones que los distintos estados de la Unión Europea conceden a las familias.

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El Ministerio de la Vivienda sigue empeñado en tratar de convencernos de que el problema de la vivienda está a punto de solucionarse en nuestro país.

Con esa intención, el pasado viernes día 19 de enero convocó una rueda de prensa para informarnos de que el incremento del precio de la vivienda durante el año 2006 fue de, tan sólo, el 9,1% con respecto al año anterior. Un dato que los responsables de esa institución interpretan como de lo más esperanzador -pues de esperanzas se construye la política de vivienda de este país, como ya comenté en otro artículo.

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Hoy he publicado en Rebelión un artículo un poco extenso sobre la influencia que la subida en el precio del petróleo puede tener sobre el nivel democrático de las instituciones políticas de los países ricos en dicho recurso.
La intención es contestar los trabajos de algunos autores -especialmente, uno de Thomas Friedman- que mantienen que el alza del precio del crudo redunda en una pérdida de "calidad" democrática de los sistemas políticos de esos países. Una auténtica falacia.
Podéis leer el artículo pinchando aquí

Después de unos días de vacaciones y de otros atravesando una agresiva gripe, retomo el blog con uno de los temas a los que ya había dedicado atención en las entradas anteriores: el problema de la vivienda.

En este caso, sin embargo, más que hablar del problema en sí me centraré en la propuesta de solución que han adoptado en Francia en donde se ha decidido promulgar una ley que transformará en efectivo y exigible ante la jurisdicción competente el derecho constitucional de todo ciudadano a una vivienda digna.

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A los pocos días de que Miguel Sebastián se ufanara de haber contribuido con su asesoramiento a que este gobierno fuera “el menos intervencionista de las últimas décadas”, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicaba los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida de la Población para el año 2005.

En ella se recoge una serie de datos que no está de más examinar para, seguidamente, valorar en su justa medida la afirmación de Sebastián y sus consecuencias.

Así, según el INE, en 2005 el 19,8% de la población se encontraba por debajo del umbral de pobreza relativa, es decir, uno de cada cinco residentes en nuestro país era pobre.

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Hay personas que cuando hacen declaraciones públicas se encuentran tan satisfechas de sí mismas que ni siquiera piensan realmente lo que están diciendo ni sus consecuencias. Digan lo que digan les parece que sus afirmaciones van a pasar a los anales de la historia y, por ello, las llenan de palabras altisonantes y comparaciones superlativas tratando de envolverlas en una capa de solemnidad que contribuya a hacerlas imperecederas.

En algunos casos, así suele ocurrir. Sus palabras pasan a la historia, aunque suele ser a la del disparate y allí quedan inmortalizadas.

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Que el gobierno español se encuentra desbordado por la situación del mercado inmobiliario es una afirmación casi de perogrullo.

Si ayer recogía la invocación a la esperanza que realizaba la ministra de Vivienda como su principal propuesta política para contener el precio de la vivienda en 2007, hoy no puedo dejar de remitirme al más que desafortunado sarcasmo con el que el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, se refería a los efectos que pudieran tener sobre las familias con hipoteca la subida de los tipos de interés.

En palabras de Solbes, “el umbral del dolor [de las familias] puede ser muy alto” y compara seguidamente la situación actual con la que existía cuando él y las personas de su edad presentes en la sala compraron sus “primeras” viviendas a unos tipos de interés del 16% y “aquí estamos”, concluía.

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La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, se despachaba este pasado día 12 con unas declaraciones muy expresivas de su incompetencia para gestionar un problema que le viene grande y de la que ya ha dado muestras más que probadas a pesar de ser, precisamente, el único problema del que tiene que ocuparse y de que para ese fin dispone de todo un ministerio creado a tal efecto.

Un problema que además, y según la última encuesta del CIS, los españoles consideran que, personalmente, es el que en mayor medida afecta a sus vidas.

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La economía ha visto como se ha ido reforzando el carácter lúgubre que le atribuía Carlyle allá por 1849.

Este carácter sombrío deriva fundamentalmente de que la mayor parte de la población es incapaz de entender cómo afecta a su bienestar el conjunto de noticias que pueblan las secciones económicas de los grandes medios de comunicación de masas.

Esta tendencia a propagar la ignorancia en lo relacionado con las grandes cuestiones económicas no es inocente y se sustenta sobre el servicio que, tanto medios de comunicación como economistas convencionales, prestan a los intereses de los grupos de poder que gobiernan este planeta.

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